Gustavo Petro impone la consulta popular: firmó el decreto para convocar la votación sobre la reforma laboral 1f631o

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó este miércoles que firmó el decreto para convocar a una consulta popular. La medida, previamente criticada, busca llevar adelante la reforma laboral hundida en el Senado.

El Senado rechazó en una votación el pasado 14 de mayo la convocatoria de la consulta popular pedida por Petro para rescatar la reforma laboral hundida en esa misma cámara legislativa en marzo, pero el mandatario no acepta esa decisión e insiste en que "hicieron trampa" y que "el pueblo" reclama la consulta.

La disputa entre Gobierno y oposición por la reforma laboral y la consulta popular ha calentado los ánimos de las partes, que se recriminan mutuamente en un ambiente creciente de polarización por el inicio del proceso para las elecciones legislativas y presidenciales del año próximo.

Petro convoca a la consulta popular por decreto 2i265a

"He firmado el decreto que convoca a la consulta popular", escribió Petro en sus redes sociales y agregó que "solo se derogará antes de las urnas si los puntos que se le preguntan al pueblo para que exprese su orden constituyente, sean respondidos positivamente por el Congreso, poder constituido legítimo para discutir leyes".

El clima se enrareció más desde que el pasado sábado el senador Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial del partido uribista Centro Democrático, fue herido de gravedad en un atentado y se debate entre la vida y la muerte, por lo cual eran muchas las voces que le habían pedido a Petro que se abstenga de publicar el decreto sobre la consulta popular.

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Entre las figuras políticas que rechazan la decisión de Petro hay dos que hasta principios de este año eran parte del Gobierno: los ex ministros del Interior Juan Fernando Cristo y de Comercio, Industria y Turismo Luis Carlos Reyes.

"Pasar la consulta por decreto se parece a la compra de votos en el Congreso que la Fiscalía le imputa a (el exministro de Hacienda Ricardo) Bonilla. Es romper las reglas por una 'buena causa' y justifica que mañana otros las rompan diciendo que hicimos lo mismo. Si nosotros no jugamos limpio, ¿Quién lo va a hacer?", dijo Reyes en X.

Cristo, por su parte, aseguró en la misma red que "la decisión sobre la validez jurídica de la votación de la plenaria del Senado que negó la consulta popular no corresponde al Gobierno Nacional, sino a la justicia, que ya la revisa en el Consejo de Estado".

"Se comete una grave equivocación al convocar la consulta. Se desconoce la independencia de los poderes; el Gobierno se atribuye competencias que no tiene y se pone en riesgo la estabilidad institucional del país", expresó el exministro del Interior, quien defendió que el Gobierno use "los instrumentos que le otorgan la Constitución y la ley para tramitar sus diferencias".

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El Pacto Histórico, el partido de Gobierno, defendió la decisión de Petro y la calificó de "legítima, valiente y constitucional", pues considera que debe ser "el pueblo quien defina el carácter y rumbo de las reformas sociales que han sido sistemáticamente saboteadas por una clase política que impide las transformaciones que requiere el país".

El Gobierno defiende que la decisión tomada por el presidente de convocar la consulta popular, pese a no recibir el visto bueno del Senado, se ampara en el artículo 241.3 de la Constitución Política y confía en que la Corte Constitucional apruebe el anunciado decreto de Petro. Esa idea se basa en el citado artículo, que señala que la Corte Constitucional es la que debe "decidir sobre la constitucionalidad de los referendos sobre leyes y de las consultas populares y plebiscitos del orden nacional".

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Por su parte, el exsenador Humberto de la Calle, que fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia y miembro de la Asamblea Nacional Constituyente que en 1991 redactó la actual Constitución, considera que el Gobierno está equivocado en su interpretación.

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"El anunciado decreto que convoca una consulta que había sido negada por el Senado, es una clara violación de la Constitución. El Ejecutivo no puede anular actos del Congreso. Esa tarea corresponde a la justicia. Equivale a un golpe de Estado", manifestó.

Su postura coincide con la de ocho partidos políticos que en un comunicado catalogaron como "golpe de Estado" la intención de Petro. "La consulta popular vía decreto, desconociendo la decisión del Senado, es un golpe de Estado", manifestaron Cambio Radical, Centro Democrático, Partido Conservador, MIRA, Colombia Justa Libres, Partido Liberal, Partido de la U y Partido ASI.

-. Con información de EFE