Celebran los jubilados: el Gobierno entrega un bono especial de $230.000 a partir de este mes 164u1c
El Gobierno de Colombia lanzará en el segundo semestre de 2025 un bono mensual de 230.000 pesos para adultos mayores sin pensión. 5o2a1s
El Gobierno Nacional anunció que, a partir del segundo semestre de 2025, comenzará la entrega de una Renta Básica Solidaria mensual de 230.000 pesos para adultos mayores que no cuentan con pensión. Cabe destacar que este bono es parte del Pilar Solidario incluido en la nueva reforma pensional.
La medida busca reducir la pobreza extrema en la población mayor y garantizar una vejez digna para quienes no pudieron acceder a una pensión tradicional.
Este nuevo subsidio beneficiará a más de tres millones de personas en situación de vulnerabilidad. En este sentido, la iniciativa forma parte del compromiso del Gobierno con la justicia social y la redistribución del ingreso, priorizando a quienes durante años trabajaron sin reconocimiento ni protección laboral.
¿Quiénes recibirán el subsidio de $230.000? 4i2y53
Según el Gobierno, los beneficiarios serán más de 3 millones de personas que cumplen con los siguientes requisitos:
- Mujeres mayores de 60 años y hombres mayores de 65 años.
- Personas en condición de pobreza extrema, pobreza o vulnerabilidad.
- No recibir ninguna pensión ni prestación periódica.
- Tener al menos 10 años de residencia continua en Colombia.
- Clasificación válida en el Sisbén.
También podrán acceder: v2f18
- Personas con discapacidad permanente o pérdida de capacidad laboral.
- Integrantes de comunidades indígenas, afrocolombianas, campesinas y cuidadores sin ingresos.
¿Cuál es el impacto del Pilar Solidario? 4i1y5y
El Gobierno estima que este subsidio reducirá la pobreza extrema en adultos mayores al 2% en 2025. Para 2026, se proyecta que 400.000 personas mayores saldrán de esta condición, según datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH).
El subsidio será financiado con recursos del Presupuesto General de la Nación y del Fondo de Solidaridad Pensional. Se trata de una medida de justicia social, con la que el Gobierno busca saldar una deuda histórica con millones de colombianos que trabajaron sin protección laboral ni pensional.