Al solicitar el envío de tropas para sofocar las protestas en Los Ángeles el domingo, Donald Trump ha demostrado que está dispuesto a poner al país en pie de guerra -y a poner a prueba los límites del poder ejecutivo- para conseguir sus objetivos.

Por primera vez en décadas, la Guardia Nacional fue desplegada contra los ciudadanos en territorio nacional contra la voluntad del gobernador de un estado, recurriendo a la ley diseñada para ayudar a Estados Unidos a combatir una invasión extranjera. La última vez que un presidente de EE.UU. desplegó la Guardia Nacional de un estado sin que su gobernador se lo pidiera fue en 1965, cuando Lyndon Johnson envió tropas para proteger a los manifestantes por los derechos civiles en Selma, Alabama.

Pete Hegseth, el secretario de Defensa, incluso amenazó con enviar a la infantería de marina para sofocar los disturbios por las redadas contra presuntos inmigrantes ilegales. Eso requeriría invocar la Ley de Insurrección, que se aplicó por última vez hace 30 años durante los disturbios que estallaron en Los Ángeles tras la absolución de los policías que golpearon a Rodney King.

El despliegue de la Guardia Nacional en la segunda ciudad más grande del país, mayoritariamente progresista, sin duda fue "una demostración de fuerza autoritaria", opina Ryan Enos, profesor de gobierno en la Universidad de Harvard.

En su opinión, "no hay ninguna razón política para que la istración deba centrarse en lugares de Los Ángeles en lugar de en estados republicanos".

Este despliegue es el último intento de la istración Trump por poner a prueba los límites de la autoridad presidencial y obligar a los estados gobernados por demócratas a acatar los edictos federales. Algunos académicos advierten que estas iniciativas suponen un desafío cada vez mayor a la Constitución estadounidense.

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En tan solo unos días, Trump ha pedido que se investigue al expresidente Joe Biden y a funcionarios de la istración anterior y ha amenazado con detener el flujo de fondos federales a California. El presidente planteó la idea de cancelar contratos públicos de empresas pertenecientes a su ex aliado Elon Musk y advirtió que habría "consecuencias muy graves" si el magnate utilizaba sus recursos para apoyar a candidatos demócratas.

El círculo más cercano de Trump ha lanzado amenazas parecidas. El vicepresidente J.D. Vance sugirió que el espectáculo de "extranjeros sin derecho legal a estar en el país ondeando banderas extranjeras y agrediendo a las fuerzas del orden" podría definirse legalmente como una invasión.

Stephen Miller, jefe adjunto de Gabinete de la Casa Blanca y arquitecto de la política migratoria, declaró que el país estaba ante la disyuntiva de "deportar a los invasores o rendirse a la insurrección". Respaldó un post que exigía deportaciones masivas sin importar "lo que cueste", y que concluía: "lo único que importa es que esto no se gestione".

En declaraciones a Fox News, el zar fronterizo Tom Homan habló de la importancia de que el Departamento de Justicia investigaría a legisladores demócratas, incluido el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, que exigieron que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no ocultaran sus rostros con máscaras durante las redadas.

Para justificar el despliegue de tropas en Los Ángeles, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó que los agentes del ICE simplemente perseguían a "lo peor de lo peor": extranjeros delincuentes integrados en comunidades que, en general, respetaban la ley. Sin embargo, su versión se contradijo con la detención de trabajadores que se congregaron en Home Depot en busca de trabajo, como hicieron los agentes del ICE en Los Ángeles el viernes.

Un informe del Washington Examiner, un medio de tendencia conservadora, publicado la semana pasada, afirmó que Stephen Miller había criticado duramente al alto mando del ICE por perseguir solo a delincuentes y los exhortó a detener a todos los migrantes indocumentados. El ICE lo negó.

El amplio alcance y la naturaleza aleatoria de las redadas realizadas por agentes del ICE en los últimos días quedaron de manifiesto con el arresto por error de un alguacil estadounidense en Arizona, que, según reconocieron las autoridades, "encajaba con la descripción de un sujeto buscado por el ICE".

La Casa Blanca no quiso hacer declaraciones al respecto. El sábado, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, defendió las operaciones asegurando que eran "fundamentales para detener y revertir la invasión de delincuentes ilegales a Estados Unidos".

Quienes critican la ofensiva migratoria del gobierno afirman que las redadas son indiscriminadas. 5x4jc

Andrew Weinstein, abogado que fue Delegado Público ante la ONU durante la presidencia de Biden, afirmó que la escalada formaba parte de una estrategia más amplia. "Ya sea la politización sin precedentes del ejército, el ataque [de la istración Trump] a la educación superior con el pretexto de combatir el problema muy real del creciente antisemitismo, o la deportación acelerada de extranjeros, todo es un pretexto para promover una agenda autoritaria", declaró en referencia a las recientes medidas de la Casa Blanca.

Por ahora, el apoyo de la ciudadanía a la ofensiva migratoria de Trump parece mantenerse. Una encuesta de YouGov para CBS, realizada antes de las protestas de Los Ángeles, reveló que el 54% del país estaba a favor del plan. Sin embargo, esa cifra disminuyó cuando se les preguntó a los ciudadanos si apoyaban perseguir a quienes no son delincuentes peligrosos.

A diferencia del primer mandato de Trump, cuando el entonces secretario de Defensa, Mark Esper, se negó a enviar militares para sofocar las protestas de Black Lives Matter, no ha habido una oposición real al despliegue militar por parte de de la istración ni de los republicanos en el Congreso.

Por su parte, Trump el domingo no vio ninguna razón para emprender una desescalada.

"Vamos a tener tropas en todas partes", declaró a la prensa. "No vamos a permitir que esto le pase a nuestro país. No vamos a permitir que nuestro país se desgarre como ocurrió con Biden", sentenció.