Otra vez el acero. Siempre es el acero. La causa inmediata de la decisión de Donald Trump de duplicar el miércoles por la mañana los aranceles al acero y al aluminio hasta el 50% -una de las pocas subas de aranceles recientes que no ha revertido- fue probablemente la indignación por el fallo de la semana pasada de un tribunal federal contra los más amplios (y mal nombrados) aranceles "recíprocos".

Pero es algo tan habitual en Estados Unidos -y en muchos otros gobiernos- proteger al sector del acero frente a las importaciones, que los aranceles al acero son una herramienta natural para demostrar una postura desafiante en materia comercial. 

Con cierta justificación, sucesivas istraciones estadounidenses han argumentado que la sobreproducción global de acero, sostenida en el tiempo, se ha agravado y seguirá empeorando debido al impacto de los subsidios estatales chinos. Pero EE.UU. ha demostrado tal nivel de mala fe proteccionista con respecto a esta industria que, con Trump o sin él, no es el país indicado para resolver el problema.

El acero es un caso notorio de adicción a los subsidios y la protección comercial, y romper con esa dependencia es difícil por razones bien conocidas.

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Producir acero sale mucho más barato cuando se fabrica en grandes cantidades, pero eso hace que sea muy difícil para nuevas empresas entrar en el negocio. Además, su uso es clave para fabricar tanques, aviones de combate, ferrocarriles y puentes; y muchas plantas siderúrgicas están ubicadas en localidades donde constituyen la única industria, lo que convierte su cierre en un tema de fuerte relevancia política. 

En EE.UU., muchas de las mayores plantas de altos hornos están situadas en estados clave en las elecciones y emplean a trabajadores con sindicatos de gran influencia.

Estos factores suelen imponerse al hecho de que, como insumo industrial, cualquier aumento en el precio del acero causa graves perjuicios al sector manufacturero. Por cada puesto de trabajo en esta industria, hay 80 en industrias aguas abajo que dependen de él.

Los esfuerzos más amplios por promover un mercado libre e internacional no distorsionado han fracasado en general. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) creó un comité del acero en 1978 para que los gobiernos examinaran la sobrecapacidad global, especialmente frente al auge de Japón como productor. Este comité celebró su 97ª reunión en abril sin encontrar aún una solución permanente. Un foro de alto nivel del G20 sobre la sobrecapacidad del acero ha sido igual de ineficaz.

El proteccionismo abunda. Cuando la Unión Europea anunció recientemente planes para reforzar su defensa y resiliencia económica, la industria siderúrgica alemana reaccionó de inmediato pidiendo nuevos subsidios. Pero la industria del acero de Estados Unidos ha sido la más creativa a lo largo de las décadas, en especial en el uso de instrumentos de "remedio comercial" como los derechos antidumping y antisubsidios sobre las importaciones. 

No es una exageración decir que la principal causa del resentimiento de EE.UU. hacia la Organización Mundial del Comercio es que su sistema de resolución de disputas ha fallado reiteradamente contra una metodología particular -conocida como "zeroing"- para calcular derechos antidumping, ampliamente utilizada por la industria siderúrgica estadounidense.

Los aranceles que Trump acaba de duplicar fueron impuestos originalmente durante su primer mandato bajo la llamada disposición legal "Sección 232".

Ese procedimiento exige que la istración demuestre -o al menos afirme- una necesidad de seguridad nacional, algo que roza lo ridículo, pero que hasta ahora sobrevivió a los desafíos judiciales internos. La istración de Joe Biden mantuvo los aranceles, aunque los suspendió con la UE y otros socios comerciales mientras negociaban acuerdos que nunca se concretaron del todo.

Aunque la istración Biden fue menos destructiva, también fue bastante deshonesta. Intentó -sin éxito- utilizar los aranceles como palanca para forzar a la UE a firmar un supuesto "acuerdo global sobre acero y aluminio sostenibles" orientado a hacer frente a China, un plan que Bruselas interpretó correctamente como proteccionismo clásico disfrazado.

Los nuevos aranceles de Trump crean aún más distorsiones y oportunidades de chantaje. Tras iniciar su segundo mandato, Trump reactivó los aranceles del 25% al acero, y el mes pasado otorgó una exención al Reino Unido. Ese resquicio (que aún no se implementó) fue celebrado con entusiasmo en el Reino Unido, aunque se dieron pocos detalles sobre qué se entregó a cambio, más allá de algunas cuotas de importación sobre carne vacuna y bioetanol.

Para ser justos, el Reino Unido tiene mejores razones que EE.UU. para intervenir en defensa de su producción siderúrgica. El propio Departamento de Defensa estadounidense declaró que no necesitaba el respaldo de la Sección 232 para mantener su capacidad productiva por motivos estratégicos. El Reino Unido, en cambio, cuenta con una sola planta de altos hornos que produce acero a partir de mineral, a diferencia de otras más pequeñas que reciclan chatarra mediante fundición. Mantener abierta la planta de Scunthorpe indefinidamente parece inviable, pero existe un verdadero tema de seguridad nacional que discutir.

Eso también vuelve al Reino Unido vulnerable al chantaje de Trump. Las concesiones arancelarias negociadas (aunque todavía no implementadas) en el acuerdo del mes pasado están condicionadas a que el Reino Unido se alinee con EE.UU. en cuestiones de seguridad de la cadena de suministro de acero y aluminio, una disposición claramente dirigida a China. Aún no está claro cómo usará esta herramienta la istración Trump ante esta nueva ronda de aranceles.

A nivel interno, imponer aranceles al acero es algo relativamente fácil y popular, y su sensibilidad política en el exterior suele llevar a los socios comerciales rápidamente a la mesa de negociación. La política comercial de Trump es especialmente nociva, pero el hecho de que se exprese una y otra vez a través del proteccionismo siderúrgico no sorprende en absoluto.